COMISIÓN NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA LX LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN; PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO.
PACTO NACIONAL POR LA JUSTICIA PENAL
27 DE MARZO DE 2008
DURANGO, DURANGO
PACTO NACIONAL POR LA JUSTICIA PENAL
Un estado democrático de derecho exige que las autoridades se ciñan al principio de legalidad y que exista pleno reconocimiento de derechos de los ciudadanos, así como que se establezcan mecanismos que permitan que los mismos sean ejercidos a plenitud.
El diseño constitucional de la acción punitiva afecta directamente el núcleo de las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, por lo que en los regímenes democráticos, un sistema inquisitivo no tiene cabida, pues se trata de establecer límites precisos y evitar abusos de poder, y, por lo tanto, garantizar los derechos y libertades de las personas, así como la eficacia del poder disciplinario público. Ello se logra a través del sistema acusatorio.
Estamos convencidos de que nuestro sistema de justicia penal de tipo mixto, preponderantemente inquisitivo, es lento, extremadamente formalista y poco transparente; no garantiza lo suficiente los derechos de las partes; no favorece la igualdad procesal; ha sobresaturado nuestras prisiones ante la falta de mecanismos alternativos tendientes a la solución de conflictos; ha orillado a la pérdida de confianza en las instituciones públicas y al escaso crédito en las disposiciones jurídicas, disuadiendo la denuncia y favoreciendo la impunidad; es ineficaz. Se ha agotado.
La reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión, transforma radicalmente el sistema de justicia penal, al establecer un sistema acusatorio y oral de corte garantista, en el que se respetan los principios del debido proceso a partir de la presunción de inocencia expresamente reconocida, la defensa técnica por abogado, audiencias públicas, procedimientos orales y la contradicción como principio rector.
El sistema acusatorio reivindica la función jurisdiccional, pues el ministerio público funge como parte acusadora y el inculpado se defiende de las imputaciones en su contra, en igualdad de condiciones, siendo exclusivamente un juez quien resuelve, basándose en las pruebas aportadas, haciendo una valoración libre y lógica de las mismas. La oralidad en los juicios permite que las audiencias se concentren y el juez lleve una ilación constante de los hechos.
El sistema acusatorio también fortalece al ministerio público, demandándole una mayor profesionalización y competitividad, pues sus actos estarán sujetos a un control judicial riguroso y su ilegalidad supone su nulidad.
Los mecanismos alternativos de solución de controversias dejan de ser optativos para convertirse en un mandato constitucional, lo que favorecerá la reparación del daño a las víctimas u ofendidos, siempre bajo la supervisión de un juez, evitando que todos los conflictos tengan que resolverse hasta el juicio, haciendo más eficaz el sistema de justicia, al permitir que el Estado centre sus esfuerzos en conductas que afectan de manera más sensible a la sociedad.
El sistema acusatorio favorecerá la confianza de la sociedad en las autoridades encargadas de procurar y administrar la justicia penal, buscando garantizar a las personas su derecho a un juicio justo.
Por todo lo anterior, expresamos nuestro beneplácito por la reforma constitucional al sistema de justicia penal, recientemente aprobada, a través de la cual se establece un sistema acusatorio y oral, de corte garantista, en el que se respetan los derechos de las partes, se propicia la transparencia, contribuyendo a erradicar la opacidad y combatir la corrupción, y lo más importante, se impulsa una verdadera igualdad procesal, en la que el imputado se defiende ante un juez de las acusaciones del ministerio público.
Por todo lo anterior, en la ciudad de Durango, Durango, el 27 de marzo de 2008, suscribimos el presente:
PACTO NACIONAL POR LA JUSTICIA PENAL
Comprometiendo nuestros más altos propósitos y el mayor esfuerzo institucional, para contribuir con nuestros conocimientos jurídicos y experiencia a fin de enriquecer el proceso de discusión tendiente a la adecuación de la legislación secundaria, especialmente de nuestras entidades federativas, para la instrumentación del sistema acusatorio y oral y, en su momento, a su aplicación correcta y eficaz.
Diputado César Camacho Quiroz
Presidente de la Comisión de Justicia de la LX Legislatura
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Magistrado Licenciado José Castillo Ambriz
Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos
Magistrado J. Apolonio Betancourt Ruiz
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango
Diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros
Secretaria de la Comisión de Justicia de la LX Legislatura
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Diputado Miguel Ángel Arellano Pulido
Secretario de la Comisión de Justicia de la LX Legislatura
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
Diputado Luis Enrique Benítez Ojeda
Integrante de la Comisión de Justicia de la LX Legislatura
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Mgdo. Lic. Juan Arturo Muñiz Candelas
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado de Aguascalientes
Mgda. Lic. María Esther Rentería Ibarra
Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California
Mgdo. Lic. José Ángel Paredes Echavarría
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Campeche
Mgda. Lic. Sonia Simán Morales
Presidenta de la Magistratura Superior del Estado de
Chiapas
Mgdo. M. en D. Rodolfo Acosta Muñoz
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
del Estado de Chihuahua
Mgdo. Lic. Gregorio Alberto Pérez Mata
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado de Coahuila
Mgdo. Dr. Edgar Elías Azar
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal
Mgdo. M. en D. Edmundo Román Pinzón
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero
Mgda. Lic. Alma Carolina Viggiano Austria
Presidenta del H. Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo
Mgdo. Lic Carlos Raúl Acosta Cordero
Representante del Mgdo M en D. Celso Rodríguez González
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
Mgdo. M. en D. Fernando Arreola Vega
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán
Mgdo. Lic. Jorge Armando Gómez Arias
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit
Consejero Catarino García Herrera
Representante del Mgdo. Lic. Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Estado de Nuevo León
Mgdo. Lic. León Dumit Espinal
Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Puebla
Mgda. Lic. Lizbeth Loy Song Encalada
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado de Quintana Roo
Mgdo. Lic. Salvador Ávila Lamas
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí
Mgdo. Lic. Canuto Alfonso López López
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado de Sinaloa
Mgdo. Lic. Max Gutiérrez Cohen
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y
del Consejo del Poder Judicial del Estado de Sonora
Mgdo. Lic. Rodolfo Campos Montejo
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco
Mgdo. Lic. Alejandro Etienne Llano
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Tamaulipas
Mgdo. Lic. Luis Aquiahuatl Hernández
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Tlaxcala
Mgdo. Lic. Ángel Francisco Prieto Méndez
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Yucatán
Mgdo. Lic. Bernardo del Real Ávila
Representante de la Mgda. Lic. Leonor Varela Parga
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Zacatecas
Testigo de honor
CP. Ismael Alfredo Hernández Deras
Gobernador Constitucional del Estado de Durango
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