La humanidad se enfrenta a un desafío de dimensiones enormes. En los inicios del siglo XXI, la población mundial asciende a más de seis mil millones, de los cuales más de la mitad viven en la pobreza. Según la FAO, 800 millones de personas padecen desnutrición crónica y el número de personas en riesgo de caer en la pobreza y de padecer hambre supera al número de personas capaces de escapar de estos dos males.
Las sociedades, particularmente en Asia, África y América Latina, están siendo testigos de las limitaciones que enfermedades como el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis están provocando en su crecimiento actual y futuro. Sin contar la existencia de los posibles efectos devastadores del calentamiento global y del cambio climático y los daños que han generado la desertificación y el agotamiento de las reservas de agua en los ecosistemas que han tenido una particular repercusión negativa en las regiones y los países menos desarrollados.
La humanidad se enfrenta a una crisis mundial generada por profundas condiciones estructurales de desigualdad y pobreza, que deberían haberse tratado hace mucho tiempo. La expansión de la utilización y el desarrollo de tecnologías de información y telecomunicaciones, aunado al lento desarrollo de la transferencia de la tecnología al mundo en desarrollo han exacerbado la conciencia de las víctimas acerca de la falta de justicia social.
Son pocos los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas que podrán ser cumplidos para el año de 2015, tal y como estaba previsto. Una de las razones, es que el problema fundamental del desequilibrio comercial entre los países desarrollados y el mundo en desarrollo se ha evitado en las conversaciones sobre comercio mundial. No todos los dirigentes del mundo han demostrado el mismo nivel de compromiso para alcanzar dichos objetivos.
Una de las principales consecuencias de la falta de justicia social a nivel mundial es el aumento de la migración, impulsada por la pobreza en todo el mundo, particularmente de Sur a Norte.
A lo largo de la historia, la humanidad se ha movido de un lugar a otro, con la finalidad de intercambiar bienes y explorar territorios y culturas desconocidas. Hoy en día, gran parte de la migración es producto del ferviente deseo de millones de pobres por mayores oportunidades y una vida mejor, no disponible en su lugar de origen.
La migración es una respuesta a la desigualdad, la pobreza y la marginación. Las presiones que giran alrededor de los temas migratorios no parecen disminuir. En este contexto, las cada vez mas restrictivas políticas migratorias de los países de destino corren el riesgo de crear mayor explotación y trata de personas.
La migración plantea numerosos desafíos para aquellos que dejan su país de origen, ya sea porque se ven obligados a ello o simplemente en la búsqueda de una vida mejor. Es importante recordar que, para muchos, la migración pudiera resultar una experiencia exitosa. Es el caso de los migrantes muy calificados y de los profesionistas, tales como los médicos que resultan altamente beneficiados con la migración, a costa de dejar sin estas capacidades a sus países de origen. Las remesas de los trabajadores migrantes –calificados y no calificados- pueden ser extremadamente importantes tanto para la supervivencia de sus familias en los países de origen como para las propias economías de dichos países.
Sin embargo, la triste realidad para otros es que el proceso de migración conduce a la explotación y al abuso. Esto es particularmente cierto en el caso de los migrantes que se encuentran en una situación irregular, para los que con frecuencia existen pocas disposiciones legales que los protejan o que puedan hacer cumplir. La protección de sus intereses depende de la buena voluntad de sus empleadores. El desafío en la actualidad consiste en promover sistemas a nivel nacional que garanticen el respeto de los derechos y la dignidad humana de todos los migrantes. Los derechos humanos son universales: el problema a menudo se plantea como un análisis estadístico, sin el reconocimiento de que todos y cada uno de los migrantes son seres humanos individuales.
Las consideraciones sobre los derechos humanos de los migrantes se polarizan fácilmente de acuerdo con las perspectivas de los países de origen y de los países receptores. Sin embargo, hay que señalar, que es muy difícil actualmente catalogar a los países como uno u otro. Más bien, en nuestro mundo globalizado, vemos que, en mayor o menor medida, todos los países son de origen, receptores o de tránsito. Así, todos los países tienen un interés en asegurarse de que los derechos humanos de los migrantes sean respetados y promovidos.
La gestión de la migración se encuentra intrínsecamente vinculada al concepto de soberanía estatal. Se puede decir que los estados son soberanos, por lo que tienen el derecho exclusivo de decidir en asuntos de migración, ya se trate de la admisión de los no-nacionales, su estancia y empleo, o de la detención y expulsión de los migrantes irregulares si su autorización legal para permanecer en el país ha llegado a su fin. Esta percepción o creencia no se equivoca: las políticas migratorias, la legislación y la ejecución siguen estando dentro del dominio soberano del estado. Sin embargo, dos aspectos deben ser resaltados.
El primero es que existen múltiples factores a nivel internacional que repercuten tanto sobre los derechos y deberes de los estados en materia de migración, como en los derechos y deberes de los migrantes. Vemos un número creciente de normas que regulan diversos aspectos de la migración, que han afectado incluso la facultad discrecional de los estados.
El segundo es que existe un reconocimiento creciente de la necesidad de desarrollar criterios de cooperación para la gestión de la migración a nivel bilateral (frontera común), regional e internacional. Un número creciente de estados reconocen que no es suficiente abordar los aspectos individuales de la migración internacional en forma aislada: han de ser tratados conjuntamente dentro de un marco más amplio.
La pobreza es el caldo de cultivo para la explotación humana. Instituciones y legislaciones débiles que han fallado en la protección de los derechos humanos, acentúan el problema.
La trata de personas, particularmente la que se describe mas adelante, constituye la esclavitud del siglo XXI: un horrendo crimen contra la dignidad y los derechos humanos de sus víctimas.
La xenofobia, el racismo y otras formas de intolerancia que continúan la estela de la migración y violan los derechos humanos y las libertades, lesionan el bienestar y la dignidad de los trabajadores migrantes, abusos a los que son especialmente vulnerables. Estos males se encuentran presentes en todas las sociedades, pero son más a menudo relacionados con el rechazo y maltrato de las minorías étnicas, religiosas o culturales.
La ignorancia y el fundamentalismo han dado lugar con demasiada frecuencia al genocidio y las consiguientes tragedias humanas.
Aunque el fenómeno de la migración puede ser visto desde múltiples perspectivas, en general se entiende como un proceso que implica el movimiento de la población, ya sea dentro de un país o de un país a otro, y que es producto del cambio social y económico, del pasado y del presente, en países tanto de origen como de destino. La migración a su vez, conlleva a una mayor diversidad étnica y cultural, a un cambio de identidad y a la ruptura de las fronteras tradicionales. Si bien la migración plantea desafíos políticos y de organización, al mismo tiempo crea nuevas oportunidades de desarrollo para las sociedades y las economías de todo el mundo. En una era de globalización, el siglo XXI ha sido testigo de la aparición de nuevos incentivos para la migración. Los puntos de origen, tránsito y destino de los flujos migratorios coexisten ahora, en forma simultánea, en todas las regiones del mundo.
La necesidad de controlar los flujos migratorios se ha convertido en una urgente prioridad política en gran cantidad de países, que suelen comúnmente abordarla de forma unilateral, sin tener en cuenta la amplia perspectiva global. Dado que la migración es un proceso continuo, una efectiva política migratoria requiere de un análisis detallado de las causas y los efectos, tanto positivos como negativos. Las políticas migratorias discriminatorias, generalmente basadas en la exageración de los aspectos negativos de la migración, han contribuido a la xenofobia y a exponer a los migrantes a graves riesgos.
A pesar del espíritu, el contenido, la especificidad y la precisión de las numerosas convenciones internacionales e instrumentos jurídicos, los problemas asociados con la migración aún no se comprenden totalmente.
Existen numerosas convenciones a nivel internacional y regional sobre los derechos de los que intervienen en el proceso migratorio. Estos instrumentos se han extendido a través de diversas ramas del derecho (por ejemplo, los derechos humanos y el derecho humanitario, los trabajadores migrantes y el derecho para los refugiados). Esta dispersión de las normas contribuye a la creencia generalizada de que hay importantes lagunas en la protección de los migrantes y la regulación de la migración. Sin embargo, esto no es cierto. Si bien hay un puñado de derechos que se limitan solo a los nacionales como el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones, la gran mayoría de los derechos humanos descritos en los siete tratados básicos de derechos humanos se aplican a los migrantes: con respecto a lo señalado por la ley, los migrantes son seres humanos que poseen libertades y derechos humanos fundamentales e inalienables. Los derechos humanos son también derechos de los migrantes.
No existe un instrumento unificado que rija la gestión de la migración en el plano internacional. La más amplia es la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares que entró en vigor en julio de 2003. La Convención es un intento de reafirmar y restablecer los principios básicos de derechos humanos y encarnarlos en un instrumento aplicable a los trabajadores migrantes y sus familias. La Convención se aplica a todas las etapas del proceso migratorio y abarca tanto a los migrantes regulares como a los irregulares. Sin embargo, esta Convención, a pesar de ser la más completa, no ha sido ampliamente ratificada. Actualmente, solo cuenta con 37 Estados Parte, la mayoría de los cuáles son países de origen u “originadores” de inmigrantes.
Políticamente, la migración laboral sigue siendo discutida como un problema de soberanía de los estados, aislándola de la cooperación multilateral.
El debilitamiento de las fronteras como consecuencia de la globalización y las grandes zonas de libre comercio plantea una paradoja social y económica, por un lado la facilidad con la que el capital se mueve (el comercio internacional y las inversiones), y por el otro, las restricciones impuestas a los flujos laborales (trabajadores migrantes).
Muchos modelos de liberalización comercial están diseñados para ampliar los procesos de integración económica, pero han excluido en forma notoria temas como los derechos laborales, la migración legal, la libre circulación de personas y la migración laboral. Los cambios demográficos experimentados en el mundo desarrollado, como el envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad, significan que los migrantes serán cada vez más esenciales para la supervivencia económica y social de los mismos. Este puede ser un proceso de mutuo beneficio. Dentro de la ecuación migratoria se presta demasiada poca consideración al lado de la “demanda”.
Así, aunque los trabajadores migrantes contribuyen de manera significativa a las economías de sus países de destino, así como a sus países de origen, sus derechos son con frecuencia violados y su mano de obra explotada.
El fenómeno de la trata de personas, que reviste una variedad de formas, es ante todo una actividad criminal perpetrada en contra de sus víctimas. La trata de personas es una persistente, siempre presente violación de los derechos humanos individuales, y se ha clasificado como la tercera actividad delictiva más lucrativa, después del tráfico de drogas y armas. Las respuestas a la trata de personas han sido objeto de un examen detallado por las organizaciones internacionales en la última década, dando como resultado la adopción de una serie de instrumentos internacionales como el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
Aunque se ha producido un incremento aparente en el fenómeno de la trata de personas en los últimos dos o tres años, sigue siendo difícil hacer una evaluación precisa de su magnitud. No se dispone de datos estadísticos sobre la base de cualquier metodología científica existente, de modo que no se cuenta con cifras exactas disponibles. Debido a la naturaleza secreta y clandestina de la trata de personas, una forma de delincuencia organizada, las dificultades para la recopilación de datos estadísticos inevitablemente persisten.
La trata de personas no debe confundirse con el “tráfico” de seres humanos. Aunque estos dos términos se han utilizado en forma indistinta, actualmente existe un consenso en que son diferentes. En primer lugar, la trata de personas se lleva a cabo a través de la coacción, el engaño y de otros métodos inadecuados, mientras que el tráfico de seres humanos se trata de un acto voluntario por parte de los sujetos pasivos. En segundo lugar, la trata de personas implica una posterior explotación de la víctima, mientras que los servicios prestados por los traficantes de personas terminan cuando las personas llegan a su lugar de destino. En tercer lugar, la trata de personas puede tener lugar tanto al interior como al exterior de las fronteras nacionales, en tanto que en el caso del tráfico de personas requiere del cruce de fronteras nacionales. Finalmente la entrada a un estado puede ser legal o ilegal en el caso de la trata de personas, mientras que el tráfico de personas se caracteriza por tener siempre una entrada ilegal.
El tema de la deuda contraída por la víctima con su explotador corre a lo largo de las técnicas usadas por los tratantes de personas. Esta deuda surge a menudo con el pretexto de recuperar los gastos de viaje. Reconocer que muchas de las víctimas han entrado en forma legal a los países de destino es importante, no sólo para garantizar una respuesta adecuada que concuerde con sus derechos, sino también para evitar una desviación del enfoque hacia una equivocada discusión sobre el tema de la migración ilegal.
Existe una fuerte relación entre la trata de personas y la delincuencia organizada. El conocimiento de redes criminales se está convirtiendo en parte integral para poder entender el fenómeno de la trata de personas. Las bandas de delincuentes tienden a ser notablemente más resistentes. Además, existe evidencia de algunas otras formas más informales de trata de personas que en los casos de explotación sexual, incluyen al mismo novio o a una figura paterna. La trata de menores para el servicio doméstico con frecuencia implica a un miembro de la familia o un amigo de la propia comunidad. El niño a menudo puede haber sido vendido para pagar deudas contraídas por su familia, lo que plantea serios problemas para devolverlo a su país de origen. En otros casos, existen prácticas culturales en virtud de las cuáles un niño vive con algún familiar y realiza tareas domésticas a cambio de educación o alimentos.
Los métodos de reclutamiento utilizados por los tratantes de personas son también diversos, y pueden ir desde ser amable, mediante el engaño acerca de la naturaleza o las condiciones de trabajo en el país de destino, a la coacción y la violencia pura y simple. Una combinación de estas técnicas puede ser usada para reclutar y mantener el control sobre las víctimas. Si bien en algunos casos, aquellos que organizaron el transporte de la víctima siguen manteniendo el control directo en el país de destino, en otros casos (por lo general, donde existe una más compleja y organizada red de implicados), las víctimas se “venden” a otro que será quien las explote.
Una forma de analizar el problema de la trata de personas es mediante el examen de los propósitos básicos que los tratantes de personas tienen para con una víctima en particular. Los temas de explotación sexual y laboral son especialmente destacados, pero sería un error concebir los dos como mutuamente excluyentes. Los niños que son objeto de trata, sin importar el propósito de la trata, se convierten en muy vulnerables a la explotación sexual aun cuando la intención original de la trata no haya sido la explotación sexual. La explotación laboral se lleva a cabo en toda una gama de sectores, especialmente en la agricultura, la construcción, los servicios de limpieza y el servicio doméstico. Existe evidencia también de trata de personas para el transplante de órganos y partes del cuerpo.
Estimaciones de la OIT confirman que la trata hacia los países desarrollados se lleva a cabo principalmente con fines de explotación sexual y que aproximadamente el 98% de los que participan en la prostitución como resultado de ésta son mujeres. Las víctimas de la explotación sexual a menudo sufren el más terrible y brutal tratamiento. Estas mujeres no se prestarían a la prostitución, sino fuera por la coerción o coacción que se ejerce sobre ellas, y dan su “consentimiento” solo como consecuencia de otros medios impropios, a través del abuso de su vulnerabilidad. Por lo tanto, el consentimiento es irrelevante, y no constituye un factor en la identificación de una víctima de la trata de personas.
También existe evidencia de que la trata de los hombres también se produce con fines de explotación sexual, con menor frecuencia. Estudios recientes han demostrado que el trabajo forzoso suele tener lugar en los siguientes sectores: el de la construcción, la agricultura, los servicios de limpieza y el cuidado de enfermos. En lo que se refiere a la industria de la construcción, las víctimas involucradas han probado ser exclusivamente hombres. En la agricultura, se involucran tanto hombres como mujeres. En lo relativo al sector doméstico las víctimas son en su mayoría mujeres. En el mundo en desarrollo, la trata de personas y el trabajo forzado se encuentran principalmente en la agricultura, la minería y cada vez más en la industria manufacturera. Si bien no hay duda de que las niñas son objeto de trata con fines de explotación sexual, ONG´s sugieren que la trata con fines de servidumbre doméstica también es común.
Factores tales como la globalización, la pobreza, la inequidad de género y las crisis humanitarias han repercutido en la trata de personas. La vulnerabilidad de las víctimas se deriva de estos problemas generalizados como son la pobreza, la falta de oportunidades y la inequidad de género en los países de origen. Los niños víctimas de trata pueden provenir de países de origen, donde los disturbios civiles los han dejado en la orfandad, por lo que determinar su consentimiento en estos casos puede ser un problema. Atarlos a una deuda asegura que su pobreza persista en el país destino.
El uso de drogas también puede ser un factor que incremente la vulnerabilidad de las víctimas. Una víctima de trata puede ser forzada a consumir drogas, para ayudar al tratante a tener el control sobre la víctima.
La trata de personas, como una forma de delincuencia organizada trasnacional, requiere de acuerdos bilaterales, regionales y de cooperación internacional para reducirla y erradicarla. Se requieren iniciativas conjuntas entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales para contribuir a la efectiva prevención y persecución de los tratantes, y la protección de las víctimas.
Existen tres obligaciones clave que aplican para todos los estados, independientemente de su condición de país de origen, de tránsito o de destino:
a) Prohibir y prevenir la trata de personas y actos conexos;
b) Investigar, enjuiciar y castigar a los traficantes; y
c) Proteger a las víctimas de trata de personas.
Los estados de tránsito y de destino no se limitan solo a los países desarrollados: un país rico puede ser un país de tránsito y un país pobre el destino elegido por los tratantes de personas.
Aunque el país de origen establezca programas de sensibilización que aborden el proceso de la trata de personas, muchos de ellos no atacan sus causas, como la pobreza extrema. Dichos programas deberían enfocarse a mejorar las oportunidades de las personas y fomentar la acción y educación comunitarias. Los países de destino deben trabajar con las autoridades locales y las organizaciones comunitarias de los países de origen, ya que son las más adecuadas para evaluar las necesidades locales.
Las campañas de sensibilización en los países de destino deben tener también como objetivo el reclamo por la explotación de las víctimas de trata. La sensibilización también debe explicar la manera de migrar legalmente, incluidos los derechos de los trabajadores migrantes, que son mas vulnerables a ser víctimas de la trata de personas en los países de destino.
Los Estados deberían proporcionar y requerir el registro oficial de los recién nacidos de forma gratuita. Los programas de “alerta temprana” surgidos como consecuencia de las crisis humanitarias, tales como los emitidos por UNICEF en el año 2004 en respuesta al tsunami, se consideran obligatorios.
Los estados desarrollados deberían proporcionar más asistencia técnica a los organismos encargados del cumplimiento de la ley en los países mas pobres, con la finalidad de que éstos puedan detectar y hacer frente a la trata de personas y otros crímenes organizados más eficazmente.
Las restricciones a la entrada legal desvían la migración hacia canales ilegales, aumentando las oportunidades para los traficantes de personas. El desarrollo de los canales legales y controlados para la migración legal, que reconozcan el papel esencial que desempeña la mano de obra migrante, es parte fundamental de una exitosa estrategia de lucha contra la trata de personas. Esto puede impedir la participación de los tratantes de personas y, por tanto, las violaciones a los derechos humanos de las víctimas.
La obligación de los estados de respetar el principio de no-devolución se extiende a los casos en que la persecución se atribuye a los tratantes de personas, y los estados no quieran o no puedan llevarlos ante la justicia. El principio de no-devolución se extiende a los casos en que es probable que las personas se enfrenten a la tortura, al trato inhumano o degradante perpetrado por agentes no estatales. La expulsión de una persona a un estado en el que se vería sujeto a la esclavitud o al trabajo forzoso plantea interrogantes en relación a la obligación de prohibir la tortura.
El cumplimiento de la ley contra los tratantes de personas tendría que hacer de los derechos de las víctimas y sus principales intereses una consideración primordial y su protección debería ser el centro de cualquier medida encaminada al cumplimiento de la ley.
La protección de las víctimas de la trata de personas debe ser incorporada y mantenerse como parte central de los marcos legislativos de los estados. Esto implica para los gobiernos revisar las leyes y las políticas de inmigración en el contexto de sus efectos sobre las víctimas de trata. El enfoque del problema debe pasar del control de la inmigración a la prevención de la explotación de los migrantes y los trabajadores, así como la atención de las víctimas. Por ejemplo, la promoción y la protección de los derechos de los derechos de los trabajadores a través de la aplicación de las leyes sobre el trabajo forzoso, los horarios de trabajo y los salarios mínimos, reduciendo los incentivos para que los empleadores exploten a los migrantes, reduciendo la demanda de víctimas de la trata de personas.
Los programas bilaterales e internacionales son fundamentales para la efectiva protección de las víctimas de la trata de personas. Es importante diseñar y ejecutar programas que aseguren un retorno seguro, así como programas de reparación que involucren a los gobiernos y a las ONG´s a nivel nacional e internacional.
Las medidas detalladas de protección incluyen, pero no se limitan a dar alojamiento seguro, acceso a la asistencia médica de urgencia, servicios de traducción e interpretación, asesoramiento y suministro de información en el idioma de las víctimas, asistencia durante los procedimientos judiciales, y acceso de los niños a la educación. Las víctimas que residen legalmente en los estados de destino pueden recibir protección mas amplia que aquellas que residen en forma ilegal. Estas medidas adicionales incluyen asistencia médica y acceso al empleo, capacitación vocacional y educación.
Para proteger a los niños y adolescentes víctimas de la trata de personas, se necesitan programas de protección especializada y programas de recuperación (sobre la base de los derechos humanos).
Una eficaz investigación en los casos de trata de personas puede considerarse como una forma de compensación para algunas víctimas. El derecho a la igualdad de trato ante los tribunales nacionales se establece en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por lo que los estados deben adoptar medidas encaminadas a garantizar un efectivo derecho de acceso.
Una parte integral de este recurso es el derecho de las víctimas a participar en las investigaciones y procesos judiciales contra los tratantes de personas.
Es de vital importancia que se desarrollen estrategias para garantizar que las víctimas sean debidamente identificadas. La identificación no es solo el primer paso hacia la generación de una mejor inteligencia, que asegure el enjuiciamiento penal de los tratantes, es también esencial para asegurarse de que se protejan los derechos humanos de las víctimas. Si existen motivos razonables para creer que una persona es víctima de trata, los estados deben abstenerse de deportar a esa persona hasta que el proceso de identificación se haya completado. Si la edad de la víctima es incierta y existen motivos razonables para creer que él o ella es un menor, entonces las autoridades deben proceder sobre la base de que se trata de un niño o niña y brindar la protección especial de la Convención.
Existen una serie de razones por las cuáles las víctimas no desean identificarse como tales ante los funcionarios, claramente el temor a las represalias del tratante es significativa. Las víctimas que proceden de diferentes orígenes culturales pueden mostrar desconfianza hacia las autoridades. Muchas de las víctimas no quieren regresar a su país de origen, porque esto pudiera significar enterar a sus familiares y amigos de lo ocurrido, así como un retorno a la pobreza que incrementaría su vulnerabilidad, incluida la de volver a ser explotado.
Al ser identificadas, las víctimas debieran ser informadas de inmediato acerca de sus derechos. Esta información también debe difundirse lo más ampliamente posible, en cooperación con las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, entre los sectores de la población que pudieran incluir a las víctimas de la trata de personas, para animarlas a denunciar los casos con confianza.
Si las víctimas de trata de personas desean regresar a sus países de origen, como es su derecho, la repatriación voluntaria deberá ser facilitada. En caso de que las víctimas deseen regresar a sus países de origen, los países destino se verán limitados en las medidas que podrán tomar para apoyarlos en su reintegración. Tendrán que trabajar principalmente a través de sus enlaces con los países de origen y las organizaciones no gubernamentales. El riesgo de volver a convertirse en víctima de la trata de personas una vez que alguien es devuelto a su país de origen puede ser grave.
En una gran cantidad de países, los niveles de apoyo a las víctimas está muy lejos de ser adecuada. Ya sea a través de la legislación o por otros medios, una protección eficaz de las víctimas de la trata debe ser montada sobre una base más confiable, a fin de cumplir con las obligaciones de derechos humanos. Los conceptos de períodos de reflexión y de permisos de residencia son atractivos garantes de esa protección y de otras medidas de apoyo. Un período de recuperación y reflexión de al menos 30 días se hace necesario cuando existan motivos razonables para creer que una persona es víctima de trata. Esto proporciona espacio para la recuperación y para poder decidir si se coopera o no con un proceso judicial. La concesión de un período de recuperación y reflexión no debe ser condicionada a la cooperación de la víctima con las autoridades encargadas de la investigación y el enjuiciamiento. Los permisos de residencia renovables son un medio adicional para lograr cumplir tanto con las necesidades de las víctimas como con las exigencias del cumplimiento de la ley.
La introducción de restricciones cada vez más estrictas a la inmigración por parte de los países destino aumento el riesgo de las reacciones xenófobas de la población de acogida.
La xenofobia, la explotación, la trata de personas y el trabajo forzoso han aumentado entre la población migrante, debido a que en los países de destino se hace caso omiso de la importancia de la migración laboral.
Lo anterior es en parte causado por un miedo a lo desconocido. El racismo puede ser más evidente en sociedades homogéneas que en comunidades étnicamente diversas.
La población de acogida podría considerar a los trabajadores migrantes como posibles competidores por los puestos de trabajo, o ver en el un aumento de la oferta de mano de obra, genere un impacto negativo sobre las condiciones de trabajo y retribución.
Estos temores son alimentados por controles migratorios injustificables y discriminatorios, particularmente si el país de destino no explica también los beneficios de la migración a su población tales como el llenado de vacíos en el mercado de trabajo, que de otro modo impedirían o limitarían el crecimiento de los servicios.
La xenofobia, el racismo y otras formas conexas de intolerancia existen en todo el mundo y han causado grandes daños a la humanidad. Los resultados de la intolerancia y la exclusión por motivos de raza van desde la migración forzada y la reubicación hasta el genocidio. Incluso sin un sistema de indicadores que cuantifiquen el número de víctimas de la xenofobia y la discriminación racial, existen elementos de prueba suficientes en todas las regiones del mundo que demuestran que el problema es grave.
La xenofobia nos ha acompañado a través de la historia, en distintos grados de intensidad y con una diversidad de dimensiones sociales. La creación y las actividades de partidos políticos y de asociaciones promotores de la discriminación racial y la violencia contra las minorías son un tema de gran preocupación. La xenofobia y el racismo se propagan rápidamente cuando son defendidas por partidos políticos y grupos radicales. Xenófobos y racistas han sido capaces de adaptarse y de insertarse en las instituciones democráticas en posiciones de autoridad y como autoridades públicas legítimas. Las actitudes políticas basadas en la xenofobia y el racismo ayudan a perpetuar la desigualdad en el seno de la vida social, y en las estructuras políticas y económicas de las naciones.
La expansión mundial de las nuevas tecnologías de comunicación como Internet proporciona una plataforma que permite a grupos que anteriormente tenían menor visibilidad ahora puedan exponer su ideología y actitudes xenófobas, intolerantes y racistas.
Un rechazo de la xenofobia es parte de la tradición moderna de los derechos humanos, en el que todos los seres humanos son iguales, independientemente de la religión, creencias, preferencia sexual, ideas, opinión política u origen étnico.
Como resultado de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica en 2001, se han identificado nuevas amenazas a los países de bajos ingresos y a los grupos desfavorecidos, que han dado lugar a la migración en el contexto del cambio climático mundial.
La Declaración de la Conferencia Mundial señaló que los objetivos de los “Tres Decenios de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial” no se habían alcanzado, a pesar de que el Año Internacional de Movilización contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, así como el Año de las Naciones Unidas de Diálogo entre las Naciones ambos en 2001, brindaron la oportunidad de generar acciones en contra de esos fenómenos en 2001. Con posterioridad a la Conferencia Mundial, el Relator Especial en la materia informó de aumentos en el racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en prácticamente todas las regiones del mundo.
La ampliación de los derechos económicos y sociales de los migrantes significa la adaptación de la globalización para garantizar la igualdad de derechos de los grupos sociales marginados. El objetivo deberá ser el de corregir las consecuencias negativas de la liberalización del comercio, para hacer de la globalización “una fuerza positiva para todos los pueblos del mundo”, tal y como se expresa en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas.
En este contexto, el mundo necesita que los países económicamente desarrollados adquieran una nueva perspectiva, la cuál tome en cuenta la importancia económica de la migración y la fuerza de trabajo migrante en los acuerdos de liberalización económica, a fin de mejorar las condiciones de vida de los migrantes en todo el mundo.
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