El Estado está fallando en una de sus tareas fundamentales. Por eso, es comprensible la irritación de los mexicanos, oportunamente expresada por organizaciones de la sociedad civil, así como por analistas y comunicadores. La demanda de resultados concretos y a la brevedad expresada por todos, está más que justificada. El tejido social se ha dañado a causa de la inseguridad y es necesario reconstituirlo a partir del valor de la confianza.
Ante la incapacidad de garantizar la vida, la libertad y los bienes de las personas por parte de las autoridades, en los momentos particularmente dramáticos padecidos recientemente e inmersos en una suerte de “estado de emoción violenta”, surgieron todo tipo de propuestas, motivadas por las mejores intenciones, pero algunas efectistas, no exentas de demagogia, como la cadena perpetua y hasta la pena de muerte.
La variedad de planteamientos y de proponentes es natural, tratándose de un fenómeno como el delictivo, polémico, complejo y multifactorial; características que permiten anticipar que no existe una respuesta única, sino que la solución es igualmente múltiple.
Vale la pena precisar que si bien toda expresión de voluntades agrupadas en torno a un noble propósito, como combatir la inseguridad, es loable, quienes tenemos un mandato establecido en una Ley que juramos observar, de antemano estamos obligados a cumplirla. En ejercicio de honradez profesional las autoridades no deberían acordar, en “reunión cumbre”, lo que es su deber.
Está claro que en la operación policiaca, la reconfiguración del entramado de instituciones y la reforma de disposiciones legales que se requieren, la tarea recae en los tres poderes, en los tres ámbitos de gobierno. Pero esto no puede ser pretexto para que se diluya la responsabilidad, por el contrario, el poder público debe asumir plenamente su mandato, y precisar qué corresponde a cada quién.
Para eso es que debe reunirse el Consejo Nacional de Seguridad Pública, órgano de coordinación, espacio no exclusivo de de solución del fenómeno que, dicho sea de paso, sólo se ha reunido en 2, de las 4 ocasiones que debería haberlo hecho en 2 años; lo que claramente indica que esta administración ha subestimado esa instancia, convirtiéndola en distribuidora de recursos, más que en órgano colegiado donde horizontalmente se decidan las políticas y programas más efectivos contra los peores criminales.
Por su parte, al Poder Legislativo corresponde proveer los mejores instrumentos jurídicos para que otros poderes del Estado enfrenten y juzguen a los delincuentes. Seguros de esto, los legisladores ya hemos dado resultados; la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal recientemente aprobada contiene en gran parte la respuesta a la preocupación ciudadana, y sería un contrasentido no aprovecharla.
Desde el ámbito de competencia del Legislativo federal, responder a la exigencia ciudadana significa, cumplir el deber ético y legal de destinar los recursos necesarios y suficientes para respaldar las acciones de seguridad y, como la sociedad civil plantea, presentar y aprobar las iniciativas conducentes para materializar figuras jurídicas que ya están en vigor, como el arraigo domiciliario, el cateo, permitir que se presenten grabaciones telefónicas como prueba en un juicio cuando el oferente participe en ellas; así como la extinción de dominio, para minar la capacidad financiera de los criminales, entre otras medidas.
Adicionalmente, antes de que finalice el año, es posible aprobar la Ley de Seguridad Pública, sobre la cual sería pertinente que el Poder Ejecutivo se pronunciara, toda vez que será el principal usuario de una base nacional de datos criminalísticos a la que tengan acceso todas las policías, de las reglas para el ingreso, permanencia, capacitación, evaluación y reconocimiento de policías; y de los procesos de certificación, que los legisladores hemos planteado.
Trabajando con un horizonte de 3 años para la instrumentación del sistema carcelario y 8 para la adopción del acusatorio, en los ámbitos federal y local se trabaja para agilizar la respuesta del juez de control a las solicitudes de aprehensión del MP; los términos de la reclusión de los delincuentes peligrosos; además de las características de la oralidad y la protección a las víctimas. Se trabaja con una visión integral de la justicia, no sólo de la pena, que es sólo parte de la misma. Se legisla por sistema, no se “legisla por tragedia”.
Ahora que es más que obvio el sentido de emergencia y la ciudadanía impele a combatir la delincuencia, estamos empeñados en reconstituir la confianza en el Estado y, dada la oportunidad que esta lamentable coyuntura ofrece, es el momento de que establezcamos el compromiso para reducir al mínimo el plazo para proveer las herramientas legales que permitan ofrecer cambios sustantivos y duraderos. He aquí una propuesta de acuerdo, no perdamos la oportunidad de firmarla.
ccq@cesarcamacho.org
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