La coincidencia de los dos sucesos históricos violentos que marcaron para siempre a la nación mexicana en las primeras décadas de cada una las dos centurias pasadas, ha servido a algunos “catastrofistas” para pronosticar una eventual conflagración en nuestro país para el año por venir. De entrada, las conclusiones de estos agoreros son desechadas por los escépticos de esas formas de determinismo pues, a juicio de estos últimos, aquellos carecen de argumentos racionales. Lo cierto es que la ciencia -en este caso, la Historia- arroja datos que por momentos parecerían respaldar el pesimismo de los primeros, y que deberían alertar a los segundos, los que además, bien harían en poner manos a la obra para extirpar cualquier posibilidad de conflicto fratricida o división política nacional.
En 1810, una fuerte carga fiscal impuesta por la Corona Española sobre los sectores más acaudalados de la población de la Nueva España –criollos y mestizos prósperos- contribuyó sin proponérselo, a alinear los intereses de esos grupos que hasta entonces parecían enemistados y distantes, y los hizo coincidir con el espíritu de libertad que permeaba en el ambiente, que resultaba tan tentador para otras capas más bajas de la sociedad colonial, trayendo como consecuencia una marcada distancia que finalmente se transformó en enfrentamiento entre el orden instituido y la sociedad de la época, lo que resultó determinante para el inicio del movimiento de independencia y, once años después, para su consumación.
Del movimiento armado de 1910 emergió un nuevo régimen, el revolucionario que resultó de la pacificación alcanzada a través de negociaciones políticas en las que mediaron innumerables canonjías de todo tipo, frecuentemente económicas, y que, para los críticos de ese régimen, derivaron en una costumbre de anteponer a la norma el arreglo, que impide el aprecio por lo legal y dificulta la vigencia del Estado de Derecho. La solidez de ese nuevo orden institucional, contrastaba con su fragilidad financiera; la estrechez económica ponía en predicamento la estabilidad política. Esa debilidad se resolvió con la nacionalización de la industria petrolera que hizo de esta última, la locomotora del tren del desarrollo nacional y la fuente de recursos para financiar la modernización del país.
En ambos episodios irrumpieron, además de la guerra, los apocalípticos fantasmas de la enfermedad y la muerte. En el primer caso, el tifo y la viruela arrasaron a miles de personas; en el segundo, la influenza española cobró la vida de 300 mil mexicanos, a los que las autoridades fugaces o distraídas en otros menesteres, no pudieron proteger.
De lo anterior pareciera desprenderse que, cuando sobreviene una crisis financiera que pone en predicamento a las autoridades y a la gente, y al momento de enfrentarla, sociedad y gobierno disienten, emergen las debilidades económicas y políticas del Estado, y surgen problemas derivados de su incapacidad institucional para atender otros asuntos públicos delicados. Hay quien afirma que en estos dos siglos, México no ha logrado consolidar del todo un Estado de Derecho políticamente sólido y financieramente fuerte. Éste es el reto del Bicentenario, reflexionar, acordar y actuar sobre esos temas ya que, sin importar los pronósticos, debemos eliminar para siempre las amenazas del conflicto y la disolución, en aras de la mejora continua, el desarrollo constante, la democracia y la justicia social.
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