Si trastabilla, es muy probable que el Presidente de la República tropiece. Si en lugar de cumplir lo que la Constitución le ordena y de infundir seguridad entre quienes debe encabezar, se aboca a sembrar dudas respecto a los ordenamientos jurídicos que él mismo promovió y acepta que sus colaboradores los incumplan, lo único que logrará será menguar el respaldo político y el apoyo social que requiere, en la lucha contra la delincuencia organizada.
Por eso preocupa que, a sabiendas de que no existe correlación directa entre el incremento de los homicidios y el nuevo sistema de justicia penal, haya puesto a sus invitados del miércoles pasado a los Diálogos por la Seguridad, en el predicamento de responder si ¿tiene algo que ver la reforma penal con el incremento de la violencia en Chihuahua?
Más solícito que afortunado, respondió el Procurador General de la República que “el nuevo Sistema de Justicia Penal se ha implementado en ocho (sic) entidades federativas, con diferentes interpretaciones […] y algunas de estas interpretaciones han significado que en los hechos no se den los resultados esperados”. Así nada más, como si él mismo no fuera parte de la instancia de coordinación encargada, justamente, de acompasar la implementación del nuevo sistema en el país y, en esa medida, no fuera corresponsable, con el Secretario de Gobernación –ambos bajo la tutela del Presidente de la República- de la ausencia de estrategia en la materia.
Ya inspirado, como si se tratara de una propuesta etérea para cavilar entorno a ella, más que de una de sus obligaciones en las que hay que poner manos a la obra, el Procurador se puso reflexivo: hay que “seguir profundizando en este análisis porque, efectivamente, hay entidades en donde, no solamente no ayudó a que la justicia fuera accesible al ciudadano en una forma más ágil, sino que la percepción ciudadana es completamente adversa al Sistema de Justicia Penal”.
Difícil encontrar evidencia más contundente de la superficial comprensión del nuevo sistema y del raquítico grado de compromiso con la que en su momento, su jefe calificó como “la reforma al sistema de justicia más importante de los últimos cien años”, por parte de uno de los mexicanos que más compenetrados debería estar en este asunto.
Si bien se entiende que, tratándose de un cambio constitucional que implica una nueva cultura jurídica - penal, su implementación representa un reto mayúsculo para el Estado mexicano, resulta inaceptable que los principales responsables de tal tarea la desconozcan y subestimen. Parece que los colaboradores del Presidente padecen, no sólo de impericia, sino peor aún, de indisposición.
Para mayor evidencia, vale la pena destacar que reaccionan a contrapelo de todas las autoridades; en un esfuerzo loable, a falta de estrategia nacional, la mitad de las entidades de la República avanzan hacia la adopción plena del nuevo sistema penal a su ritmo propio y con sus propios recursos; el poder Judicial ha hecho su parte y el Legislativo habiendo ya legislado, se ha reportado atento a procesar nuevas propuestas, una vez que las expresiones públicas del Ejecutivo respecto a instituciones y disposiciones jurídicas como el Juicio de Amparo, el Código de Procedimientos Penales, incluso la reciente Ley de Extinción de Dominio, se conviertan en iniciativas del Presidente, que testimonien en los hechos, su compromiso.
Incluso los diputados locales del PAN recientemente electos, reunidos al mismo tiempo que el Procurador expresara sus despropósitos, se comprometieron con su dirigencia nacional a brindar impulso definitivo en sus agendas legislativas, al sistema que, paradójicamente, ahora los funcionarios federales ponen en duda.
Está claro que es necesario cerrar filas en torno al Jefe del Estado mexicano en la lucha contra la delincuencia organizada. Para ello no basta compartir propósitos, es preciso acordar los mecanismos para alcanzarlos. Ya está plasmado en la Constitución el Sistema de Justicia Penal que otorga recursos jurídicos para una la lucha eficaz y respeta los derechos de todos, pero no resolverá los problemas por ensalmo, se requiere una inteligente ejecución de esas disposiciones jurídicas y su cabal puesta en operación, sin perder de vista la integralidad del proceso; es decir, sin descuidar cada una de sus partes, sólo ello permitirá alcanzar mejores resultados en la lucha contra el crimen. Esperemos que el Ejecutivo y sus colaboradores, finalmente lo entiendan de esta manera.
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